Durante la Cumbre de la Tierra y la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, en Río de Janeiro en 1992, se suscribió un pacto que entró en vigor desde 1994 y fue firmado por 186 países. Un punto central de este primer esfuerzo fue afrontar el tema de los recursos financieros para el impulso a la transferencia de tecnología de los países más ricos y desarrollados hacía los que sin riqueza les corresponde padecer aspectos directos del daño global. Nuestro país convirtió este pacto en Ley desde 1995, pero sólo unos años más tarde se planteó la Política Nacional del Cambio Climático. Esta política busca mejorar las estimaciones de los posibles cambios de temperatura del aire, de la precipitación y de otras variables climatológicas en una escala precisa; estimar los impactos del cambio climático así como la vulnerabilidad de sistemas estratégicos para el país y que a su vez pueden ser altamente vulnerables ante el cambio climático y los efectos sobre las variables socioeconómicas asociadas a los mismos; y determinar las correspondientes medidas de adaptación y sus opciones en el marco legislativo y político nacional e internacional.
Pese a esto, algunos especialistas indican que el Gobierno Nacional se limita a describir como importantes las acciones derivadas del protocolo de Kyoto, que tienen que ver con la reducción de emisiones de gases invernadero, el desarrollo de mecanismos de desarrollo limpio y el establecimiento de proyectos de captura de carbono, pero desconoce la importancia de conservar ecosistemas forestales naturales como el manglar, los bosques secos y húmedos tropicales, identificar las áreas de mayor potencial de captura de carbono y tomar decisiones de ubicación de plantaciones y programas de reforestación.
Uno de ellos, Juan Felipe Blanco Libreros, profesor del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, considera que “mientras las políticas gubernamentales y los planes de acción de sus estructuras operativas remedan las adoptadas por los países industrializados, se observan pocos programas o líneas de investigación al interior de las universidades y centros de investigación, todo esto, en parte, porque se considera que no somos parte del problema sino más bien víctimas, cuando en realidad somos ambas cosas”.
* La imagen fue tomada de http://www.deyna.org/img/comic/obreros.gif
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